Preguntas frecuentes

Desde el 1 de diciembre de 2026. Ese día entra en vigencia la Ley 19.628 reformada por la Ley 21.719 y la Agencia de Protección de Datos Personales queda habilitada para fiscalizar y sancionar. Varios de los deberes son nuevos en la ley chilena (protección desde el diseño, reporte de vulneraciones de seguridad, evaluaciones de impacto), igual que dos derechos de las personas: portabilidad y bloqueo.

Le aplica a cualquier persona o empresa que trate datos personales, sin umbral de tamaño ni de rubro. El tamaño influye después: en qué medidas de seguridad son exigibles según el riesgo, y en el tope de las multas, porque el tope del 2% o 4% de los ingresos anuales, que la Agencia puede aplicar por reincidencia cuando resulta más gravoso que la multa, solo alcanza a las empresas que no son de menor tamaño según la Ley 20.416.

Primero, una precisión de calendario: hasta el 1 de diciembre de 2026 la reforma todavía no está plenamente vigente y la Agencia no puede sancionar bajo ella; desde esa fecha sí. Llegado el caso, Orbix exporta en un PDF el expediente que la plataforma genera desde su propio registro: actividades de tratamiento con su base de licitud, diagnóstico, plan de adecuación, evaluaciones de impacto, tests de ponderación del interés legítimo y el estado de los controles de seguridad. Los documentos que usted cargó (contratos con proveedores, respaldos), la bitácora de auditoría y la evidencia de cada consentimiento se descargan aparte, cada uno con su folio. La ley obliga a la Agencia a ponderar las circunstancias que atenúan la responsabilidad, junto con la gravedad, el número de personas afectadas y los demás criterios: demostrar diligencia y tener la evidencia a mano pesa a favor, aunque por sí solo no garantice el resultado.

No. Orbix traduce la ley al negocio: su equipo responde preguntas sobre su propio trabajo y la plataforma estructura el registro y genera los borradores de contratos de encargo y evaluaciones. Los puntos que exigen criterio jurídico los resuelve un consultor experto en la Ley 21.719, y esa revisión queda registrada en el expediente. Si ya trabaja con un estudio, puede invitarlo a revisar el expediente.

Alrededor de un mes: en ese plazo la plataforma queda operativa y el levantamiento en marcha. Lo que puede alargarlo es la disponibilidad de las personas designadas en cada área, y las evaluaciones de impacto cuando hay datos sensibles a gran escala. El servicio es una suscripción mensual según áreas y volumen; el valor se conversa en la demostración, sobre su caso concreto.

Entre 30 y 60 minutos por área designada para la conversación inicial, y una sesión de revisión de lo que la plataforma entendió. No hay que llenar planillas ni preparar documentos por adelantado: la conversación parte de lo que cada persona ya sabe de su trabajo.

Cifrados en tránsito y en reposo, sobre infraestructura que opera en Estados Unidos. Eso es transferencia internacional de datos, y la ley chilena la permite: no exige que los datos se queden en el país, exige que la transferencia esté amparada por alguna de las vías del artículo 27 y que se informe públicamente, junto con sus garantías, en la política de tratamiento (artículo 14 ter letra h). La que corresponde a nuestro caso es la de cláusulas contractuales con garantías adecuadas (artículo 27 letra b, con el estándar del artículo 28), y estamos cerrando esos contratos con nuestros proveedores; cuando estén firmados lo publicamos con la fecha. Preferimos decirlo así, y no dar por hecho algo que todavía estamos completando. Con cada cliente se firma un contrato de encargo de tratamiento: en su operación Orbix es encargado y usted sigue siendo el responsable.

No. Ejecuta las tareas rutinarias (clasificar datos, proponer bases de licitud, redactar borradores) y marca lo que exige criterio jurídico. Esos puntos los resuelve un consultor experto, con su nombre y la fecha en el expediente. Usted siempre puede ver qué revisó una persona y qué no.

Nosotros no los usamos para eso: la información de su organización se usa para construir y mantener su propio expediente, y nunca para alimentar el de otro cliente. El texto que necesita análisis viaja al proveedor de modelos que usamos, y ahí rige el contrato comercial con ese proveedor: es uno de los puntos que estamos cerrando por escrito, y lo publicamos cuando esté firmado.